Pari Galindo, Yeme MarcialDiaz Gonza, Yenny SoledadUniversidad Andina Néstor Cáceres Velásquez2024-12-122024-12-122023https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1184Si nos referimos a la normativización de los honorarios profesionales que perciben los abogados como actos plausibles de ser considerados como lavado de activos, debemos de equipar este supuesto al principio de legalidad desde donde debe de partir toda interpretación normativa, a fin de que no se contraiga contra la normativa y sea usada de forma arbitraria, lesionando derechos fundamentales, en ese sentido, tenemos la línea normativa de ser considerado este extremo como un causa de justificación, refiriendo este punto como de irrelevancia en el ámbito de la antijuricidad, mas no dentro de la tipicidad. Siendo así, los veremos cualificado dentro de las causas de justificación, es decir aun si el abogado tiene conocimiento de sus activos sucios, este podrá ampararse dentro del ejercicio legítimo de su oficio, ya que son producto de los servicios profesionales prestados. En cuanto a la postura de la prohibición de regreso, debemos de referirnos que dentro de la sociedad cada ser humano cumplimos un determinado rol, de ahí la relevancia de que cada ciudadano es portador de un determinado rol, cuando se quebranta este rol, es donde entrará a intervenir el derecho penal, siempre y cuando la conducta sobrepase los ámbitos de mínima intervención, ya que el derecho penal será de ultima ratio. En ese entender, si el ciudadano sea poseedor de un rol actué conforme a este, esta no generará un riesgo penalmente desaprobado, muy por el contrario, a esta le dará operatividad la prohibición de regreso, en cambio si estas son referidas por un tercero esta conducta pierde su neutralidad y si es generadora de riesgos. Bajo ese parámetro, dentro de la presente investigación referiremos a este punto vacío sobre el cual no solo en la actualidad sino a la par de muchos años atrás se ha generado impunidad, ahora este problema no solo se ha visto pasmado dentro de nuestro territorio, sino que se ha presentado en varios países, donde de forma similar a nuestra posición, ha generado impunidad dentro de la sociedad. Por ende, si nosotros hacemos una interpretación teleológica de la norma no todos debemos de responder por todas las conductas de desvalor, ya que dentro de la sociedad tal como sabemos bajo conceptos generales del derecho como ciudadanos somos portadores de roles, de acuerdo al contexto que desempeñemos dentro de la sociedad, siendo así, algunos tenemos roles de deberes generales negativos y otro tendrán roles de deberes especiales positivos. De acuerdo a estos roles, el quebrantamiento de los mismos cualificara nuestra conducta dentro del parámetro de riesgos penalmente relevantes, ya que estos riesgos típicamente desaprobados son los que importan al derecho penal y su represión y sanción son los que interesan dentro de nuestro estado constitucional de derecho.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Prohibición de regresoCausas de justificaciónRolesHonorarios profesionalesImpunidadinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00