Orientación sobre violencia familiar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de la IEP N.º 70660 “Mariano Melgar”, Juliaca 2020

Abstract

Una condición médica general es la violencia y, dada su extensión en todo el país, en realidad se considera una epidemia. Lamentablemente, a pesar de las leyes que prohíben la violencia no solo contra las mujeres sino también contra los niños, este problema persiste en la sociedad y tiene una tendencia creciente (Ruíz Carbonell, 2007). De acuerdo a ENARES (La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del Perú) (INEI, 2013 y 2015), un número superior al 80% entre niñas, niños y adolescentes en ocasiones sufren violencia física y/o mental en el ámbito familiar o escolar. Al mismo tiempo, un número mayor al 45% de la juventud ha vivenciado más de una modalidad de violencia sexual, independientemente de la ocurrencia de contacto sexual. Estas cifras sorprendentes evidencian la presencia de violencia infantil y adolescente en la sociedad peruana. Existen así también, múltiples normas para proteger y cuidar a esta población, entre ellas la ley para advertir, castigar y suprimir la violencia contra la mujer y los miembros del hogar (Ley Nº. 30364) y la ley que prohíbe el uso de castigos físicos e insultantes a niños y jóvenes (Ley Nº 30403). Durante los primeros tres meses del año 2019, se registraron 11 567 casos de menores de edad que se atendieron por situaciones de violencia, de ellos más de la mitad, acudieron al CEM entre los años 2018 y el primer trimestre del 2019 para atenderse por agresión sexual y/o física. Partiendo de esta premisa, cualquier tipo de agresión que sufra el niño, afectará el rendimiento académico del estudiante, al verse afectada su concentración en las materias impartidas en clases. Así mismo el decreto Nº 1297, sobre la protección de la niñez y adolescencia cuando los padre no cuidan a sus hijos o están a punto de perderlos; también la Ley No. 30466, que determina los lineamientos y seguridad prioritaria de la niñez, y en el presente se formuló una "Política Nacional de Igualdad de Género", que se une a las políticas anteriores diseñadas para intervenir en las familias, escuelas, comunidades e instituciones que tiene una vigencia de 30 años desde su rúbrica, a los que se pueden sumar los derechos del niño Pero por otro lado, se evidencia insuficientes esfuerzos desde la legislación en la prevención y solución de acciones violentas en contra de la niñez y la juventud para reducir el asombroso número al que tenemos que llegar hasta ahora. De las 10 personas, 3 denunciaron casos de violencia física, mental, económica o sexual de tipo doméstico en el CEM (Centro de Emergencias de la Mujer) siendo aún menores de edad.