Eficacia y límites de los órganos jurisdiccionales en el control de las políticas públicas en salud y educación, Perú: 2010-2020

Abstract

El presente artículo analiza cómo, entre los años 2010 y 2020, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial peruano implementaron y supervisaron las políticas estatales relacionadas con sectores de la salud y la educación. El objetivo principal es examinar cómo los órganos jurisdiccionales, concretamente el intérprete de la Constitución, intervinieron en la formulación, reorientación y consolidación de las políticas públicas, considerando el sistema jurídico y los contextos institucionales y políticas de la época. Al efecto, se analizó sistemáticamente la jurisprudencia pertinente de la misma época, mediante la técnica cualitativa. Así, los resultados hacen sugerir que las sentencias sobrepasan la mera aplicación legalista de la ley. De otro lado, se pone en evidencia que lo decidido tiene su hontanar en un contexto histórico, político e institucional que incluye, indudablemente, demandas derivadas de la tutela de los derechos fundamentales, conflictos sobre la distribución del poder y la pugna de valores constitucionales. De este modo, se destaca que tanto los tribunales constitucionales como los ordinarios actúan como entidades con plena capacidad para configurar determinada política estatal, de forma singular por fallos relevantes orientados a superar deficiencias institucionales y garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. El estudio finaliza, subrayando el hecho que el control jurisdiccional sirve de un lado para supervisar posibles abusos u omisiones de las autoridades públicas, así como para preservar el equilibrio constitucional de los poderes públicos. Empero, queda como pendiente un marco institucional, una institucionalidad más sólida, respaldado por mecanismos de coordinación interinstitucional a mediano y largo plazo, para defender los derechos de modo efectivo. A los efectos de asegurar la implementación eficaz y efectiva de la defensa jurídica de los derechos sociales en el ámbito estatal, resulta básico supervisar el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, particularmente en lo relativo a la asistencia económica o financiera, para conjurar el lirismo