Calificacion de denuncias de violencia psicológica e implicancias en la eficacia de la Ley 30364, módulo básico de justicia de Paucarpata – 2017

Abstract

El objetivo de esta investigación es analizar si la calificación de las denuncias de violencia psicológica tiene importantes implicancias en la eficacia de la Ley 30364, en el Módulo Básico de Justicia de Paucarpata durante el año 2017; si la inadecuada calificación de dichas denuncias se origina por los tipos de medios probatorios valorados, lo que a su vez conlleva a una aplicación innecesaria de las medidas de protección, provocando una desmesurada admisión de todas las denuncias presentadas, generando sobrecarga procesal, alto índice de denuncias archivadas y bajo índice de denuncias que terminan con sentencia condenatoria, que en poco o nada contribuye con este problema social y con la finalidad de la ley que es prevenirse, erradicarse y sancionarse de la agresividad contra los miembros del grupo familiar, en el entendido que no todas las denuncias de violencia psicológica, constituyen delito o falta, aunado a que, no es necesario que el Juez o Fiscal, participe en cada dilema o discusión que se suscite en el entorno familiar.

Si bien es evidente la existencia de un fenómeno criminal de agresividad contra las mujeres y los miembros del grupo familiar, en el que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas oportunas para proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, ello se debe realizar sin transgredir otros derechos fundamentales, como es el debido proceso, los derechos a la debida motivación, los derechos a la prueba, a la presunción de inocencia, entre otros.

Una denuncia de violencia psicológica, sin prueba que la corrobore y con la posibilidad que la sola declaración de la presunta víctima sea hábil para desvirtuar la presunción de inocencia del presunto agresor, conlleva a cuestionarse si los tipos de medios probatorios valorados en estas denuncias, son suficientes para realizar una adecuada calificación de las denuncias interpuestas y por ende, la aplicación de las medidas de protección; o si por el contrario, lo que se ocasiona es una desmesurada admisión de dichas denuncias, que colisiona con la seguridad jurídica y con las relaciones familiares.

El presente trabajo de investigación, es de tipo no experimental y de carácter correlacional, en el que se ha analizado 100 denuncias de violencia psicológica, 50 denuncias consistentes en carpetas fiscales ingresadas en las Fiscalías corporativas y 50 denuncias consistentes en expedientes que fueron ingresados en los Juzgados de Familia, respectivamente, durante el periodo enero a diciembre de 2017, en el Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, con la finalidad de verificar cuales fueron los medios probatorios valorados para su admisión; si en todas ellas se dictaron medidas de protección; el índice de denuncias que en la fiscalía fueron archivadas; el índice de denuncias que se formalizaron en proceso judicial y en cuantas de dichas denuncias se emitió sentencia condenatoria. Así también, se realizó encuestas a 7 operadores de justicia (2 jueces de familia y 5 fiscales penales), con la finalidad de corroborar los objetivos trazados y determinar la probabilidad de las hipótesis planteadas.

Determinándose que las adecuadas calificaciones de una denuncia por agresividad psicológica resulta de relevante implicancia en la eficacia de la Ley 30364, pues la aplicación de la ley sin un análisis previo y razonado de los hechos denunciados conlleva a generar más problemas en el seno familiar que soluciones frente a esta problemática social, hecho que además conlleva a la ejecución innecesaria de las medidas de protección, puesto que las mismas se dictan con la sola declaración de la víctima y con las fichas de valoración de riesgos, sin realizar una valoración conjunta y razonada de otros medios de prueba que la corroboren, siendo que dicha ficha; que en su mayoría no es llenada por personal especializado y capacitado para ello, resulta ser un medio probatorio en muchos casos concluyente para la determinación de la gravedad de la denuncia, del riesgo que afronta la víctima y de las necesidades específicas de protección que requiere la misma, lo que a su vez genera sobrecarga para los operadores de justicia, hecho que poco o nada hace en la solución de este problema social.