Divergencias jurisprudenciales sobre prisión preventiva y plazo razonable entre el tribunal constitucional y la corte suprema

Abstract

Objetivo: Analizar las divergencias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema sobre prisión preventiva y plazo razonable para identificar sus manifestaciones, fundamentos y efectos, y proponer criterios unificadores. Metodología: El enfoque aplicado fue el cualitativo. El método fue el inductivo. Es de tipo básico. El nivel descriptivo explicativo. El diseño desarrollado fue el no experimental. La población estuvo constituida por la totalidad de pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Suprema de Justicia de la República en materia de prisión preventiva y plazo razonable durante el período 2015-2024. La técnica de investigación fue el análisis documental, consistente en el examen sistemático y riguroso del contenido jurisprudencial de sentencias, precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y resoluciones casatorias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. El instrumento de investigación fue la ficha de análisis documental jurisprudencial, diseñada específicamente para registrar de manera estructurada y sistemática la información relevante de cada pronunciamiento analizada. Resultado: Los resultados identificaron cinco divergencias centrales: duración máxima (automatismo legal vs. análisis casuístico), cómputo (exclusión de dilaciones vs. Cómputo integral), efectos del vencimiento (libertad automática vs. condicionada), proporcionalidad (control puntual vs. revisión oficiosa) y prolongación (distribución de responsabilidad vs. imputabilidad estatal), fundamentadas en paradigmas incompatibles (eficientismo procesal vs. garantismo constitucional), generando fragmentación territorial, "lotería judicial" y desprotección asimétrica. Conclusión: Se concluyó que las divergencias constituyen incompatibilidad estructural sin mecanismo de resolución que vulnera seguridad jurídica, predictibilidad e igualdad ante la ley, proponiéndose ocho criterios unificadores operativos implementables mediante acuerdo interinstitucional o reforma del Código Procesal Penal, fundados en principio pro homine y control de convencionalidad que privilegian el estándar más protector del derecho a la libertad personal.