Contravención del derecho de propiedad de las personas por la inscripción en Registros Públicos como territorio comunal de la Provincia de el Collao

Abstract

El objetivo de esta tesis es examinar la vulneración de los derechos de propiedad de las personas derivada de la inscripción de tierras comunales en la provincia de El Collao en los Registros Públicos. La preocupación más destacada gira en torno al ejercicio de los derechos de propiedad por parte de los miembros de una comunidad campesina. Estos derechos permiten a las personas utilizar de forma independiente y confidencial parcelas de tierra que les han sido asignadas oficialmente por sus respectivos órganos rectores. Esta conclusión se deriva de los resultados del Censo de Comunidades Campesinas de 2017 realizado por el INEI. De acuerdo con la Ley 26505, tienen derecho a la propiedad comunal quienes dentro de la comunidad posean los documentos requeridos. Esto implica que las personas tienen la autoridad para ejercer influencia sobre sus tierras, lo que incluye el poder de vender, gravar, alquilar o realizar cualquier otra actividad en tierras comunales. Estas tierras se consideran una forma de propiedad privada según el código civil, aunque las regulaciones específicas pueden variar según la comunidad. Al hacerlo, eliminan los territorios comunales, convirtiéndolos en pequeñas parcelas individuales. A los plebeyos ya no se les llama tales sino más bien parcelaros. La comunidad sólo sigue existiendo de manera declarativa u oficialmente documentada, pero sin áreas comunales. Sin embargo, a pesar de contar con la documentación necesaria para acreditar la propiedad de los predios, los representantes comunitarios, incluido el presidente de la junta comunal y otras autoridades gubernamentales, desconocen los derechos de propiedad y posesión de los propietarios al realizar el proceso de registro, a pesar de que Son conscientes de que el territorio comunal está dividido. Como resultado, se violan los derechos de propiedad de los miembros de la comunidad. Esto se debe a que estos inmuebles, que han sido debidamente divididos y cuentan con títulos de propiedad individuales, no deben ni pueden inscribirse como territorio comunal en los Registros Públicos. Hacerlo crearía inseguridad jurídica para los propietarios.